Fiscalía evalúa abrir causa penal contra directivos del hospital y SSO por arista audiovisual del caso tortura

Luego que el actual director subrogante del Hospital San José de Osorno, Julio Vargas González, reiterara que la Fiscalía Local tenía desde mayo de 2024 las imágenes y videos de las torturas a las que fue sometido un ex trabajador por parte de los hoy cuatro imputados por estos hechos, se conoció en las últimas horas que el Ministerio Público estaría evaluando abrir una causa penal luego que la fiscal en jefe de Osorno, María Angélica de Miguel, negara que este material haya estado en la carpeta investigativa abierta el año pasado.

En entrevista con el diario Austral de Osorno -publicada en la edición del domingo 7 de septiembre-, el directivo del centro asistencial relató que en 2024 y en medio de un caso de hostigamiento, una funcionaria junto a representantes del gremio al que pertenece, le entregaron imágenes relacionadas al caso torturas, ya que los acusados por esta víctima eran los mismos de los hechos ocurridos entre el 2018 y 2020, y cuyo sumario había sido cerrado sin sanciones en 2022, al no tener pruebas concluyentes.

“Ante la imposibilidad de acreditar con absoluta certeza que los hechos denunciados constituyan maltrato laboral en contra del Sr. A.G. se propone decretar el sobreseimiento del presente sumario. Se sugiere realizar un análisis exhaustivo de la organización y funcionamiento de la Unidad mencionada, de modo de avanzar hacia un ambiente laboral que garantice el trato respetuoso entre sus miembros y el pleno ejercicio de la función pública”, dice el dictamen.

Según Julio Vargas, el 31 de mayo del año pasado el Servicio de Salud de Osorno envió todo los antecedentes del caso, además de las imágenes y videos de las torturas a la Fiscalía de Osorno, que acogió a trámite la denuncia el 5 de junio del mismo año.

Vargas aseguró en más de una ocasión -en medio de la entrevista- que la Ficalía Local de Osorno tenía toda documentación y los registros de audio y video hace un año, argumentando que se le pudo haber pasado la situación al Ministerio Público Local por la «sobrecarga laboral».

Extracto de la entrevista

Fiscalía desmiente y podría abrir causa penal

Sin embargo, desde el 1 de septiembre, día en que se divulgan las imágenes y videos del caso, la fiscal de Miguel ha sido clara y tajante en sostener que este material no estaba en manos del ente persecutor y lo que había eran imágenes de un caso donde la víctima de las torturas acusa a uno de los implicados, pero por otra caso.

«El video que se menciona corresponde a ese episodio en que la víctima aparece forcejeando con un imputado, pero nunca a los que hoy se han filtrado. La Fiscalía se enteró de estos videos el mismo día en que aparecieron en la prensa cuando fueron difundidos públicamnete. Sólo entonces supimos de su existencia», aseveró la fiscal María Angélica de Miguel.

Ante esta situación, desde el Ministerio Público no se descarta que se abra una investigación y arista penal por los dichos del director subrogante del Hospital San José de Osorno, además de indagar quién o quienes tuvieron acceso a estas imágenes y videos sin ser presentados al ente persecutor.

Cabe mencionar que en el mismo diálogo con el diario Austral, Vargas González expresó que dirigentes sindicales tenían en su poder estas imágenes hace más de 5 años.

Extracto de la entrevista

Sobre el conocimiento y posesión de este material, el sitio web de theclinic.cl reveló que además de los imputados por torturas, otros funcionarios del Hospital San José de Osorno recibieron fotografías de la víctima, incluso en el formato de stickers de la app WhatsApp, luego que le sacaran fotos semidesnudo y sentado en el baño.

El Ministerio Público está recopilando datos sobre esta arista y no se descarta que se abra una investigación formal sobre la difusión de estas imágenes, como asimismo conocer quiénes tuvieron acceso a estas y si al momento de su revelación -1 de septiembre- aún las tenían guardadas en sus equipos móviles u otro aparato electrónico.

Dos imputados en prisión preventiva

Respecto al caso en términos judiciales, el Juzgado de Garantía de Osorno decretó la medida cautelar de prisión preventiva de los funcionarios públicos R.A.R.M y E.A.G.A., imputados por el Ministerio Público como autores del delito reiterado de tortura. Ilícitos cometidos entre 2018 y 2020, al interior del Hospital Base de la ciudad.

En la audiencia de formalización, el magistrado Alex Frake Ruiz ordenó el ingreso de R.A.R.M y E.A.G.A. al recinto penitenciario de Osorno, por considerar que la libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y la víctima, fijando además un plazo de investigación de 100 días.

Respecto a los otros dos imputados en la causa, J.P.A.N.G y J.A.B.H, el tribunal ordenó las medidas cautelares de arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con la víctima y su familia, por considerar que, en el caso del primero, su participación fue menos gravosa que la de los imputados privados de libertad y en el caso del segundo, el tribunal valoró su colaboración en el proceso.

De acuerdo al ente persecutor, entre los años 2018 y 2020, en dependencias del Hospital Base de Osorno, los imputados R.A.R.M, J.P.A.N.G, J.A.B.H y E.A.G.A, profesionales del área informática de la entidad, ejercieron en contra de la víctima -un colega de la misma unidad de trabajo- actos reiterados de tortura, tratos denigrantes, agresiones físicas y verbales, además de divulgación de información e imágenes privadas por medio de redes sociales.